Boletín de Prensa
Quito, 5 mayo 2015
La vía a la consulta popular se direcciona por una nueva ruta. Los grupos proconsulta Compromiso Ecuador, Pachakutik, País Libre, acudieron hoy a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Quito, para solicitar medidas cautelares que eviten que el proceso de enmiendas a la Constitución siga el curso que está llevando adelante el régimen. Los argumentos de este frente proconsulta son que, al no consultarle al pueblo sobre los cambios en la Carta Magna, el Estado ecuatoriano estaría cometiendo una violación a sus derechos humanos.
La solicitud de medidas cautelares tiene su base jurídica en el primer inciso del artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana que señala que “En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la comisión podrá a iniciativa propia o petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.” Es decir: si son aceptadas, las medidas cautelares acarrearían una solicitud por parte de la CIDH para que el Estado ecuatoriano detenga el proceso de enmiendas a la Constitución.
“Hemos agotado todas las instancias. Por eso no nos queda más que las instancias internacionales y las calles. Estamos aquí para evitar que continúe el trámite de enmiendas. La próxima semana estaremos en Washington”, dijo Guillermo Lasso, líder de Compromiso Ecuador, minutos antes de dejar el documento en la sede de la CIDH ubicada en la calle 12 de octubre de Quito. Junto con Lasso, Fanny Campos de Pachakutik, y la ex asambleísta constituyente Betty Amores, estuvieron también el jurista José Ayala Lasso y los miembros de Compromiso Ecuador Francisco Jiménez y César Montúfar.
En el documento se recogen todos los antecedentes de abusos institucionales durante los últimos meses, entre ellos la negativa del Consejo Nacional Electoral al pedido de consulta popular y la actitud pasiva de la Corte Constitucional frente al Ejecutivo.
Fanny Campos agregó que la medida busca que la Constitución no sea cambiada por Alianza País y que se respete los derechos de los ecuatorianos a ser consultados. «Estamos dando cumplimiento a una resolución que llegamos en la última reunión, e invitamos a todos los ecuatorianos que se unan a luchar por la democracia”.
Para Betty Amores, ex asambleísta Constitucional, no solo se defiende el derecho a ser consultado, sino también defender los derechos de los trabajadores “quienes por ejemplo, en el caso de los servidores públicos se les eliminará la sindicalización”. La próxima semana irá una comisión a Washington a la sede de la OEA para insistir en esta petición.
