La conformación de una comisión legislativa que investigue los hechos del 30 de septiembre de 2010 (30S), es considerada como una nueva jugarreta política del cuestionado José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional.
El caso, siete años después, vuelve al debate ante la pugna de Serrano con el fiscal Carlos Baca, quien es investigado por supuesto peculado en el uso de gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia para la comisión que investigó la rebelión policial y que Baca integró.
Además, el excontralor Carlos Pólit aseguró en entrevistas que se manipularon videos para mantener la tesis del expresidente Rafael Correa de supuesto magnicidio y golpe de Estado.
Es decir que Serrano propone perder el tiempo de la Asamblea de legislar y velar por los intereses de los ecuatorianos, cuando el caso del 30S está en manos de la Justicia, y cualquier nuevo elemento debe ser entregado a ella.
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